Cartas al Director
Doctores de la moral, analfabetos de la empatía
El abismo entre la proclamada altura ética de un gobierno en minúsculas y el cruel desdén mostrado hacia quienes sufren sus abandonos.
“La concordia hace crecer las pequeñas cosas; la discordia arruina las más grandes.”
Atribuido a Salustio
César Valdeolmillos Alonso | 03.11.2026
A estas alturas del partido y de la historia, ¿qué le voy a contar a usted que ya no sepa de este gobierno redactado en minúsculas? Hay momentos en la vida de un pueblo en que la vivencia personal deja de ser un mero relato privado para transformarse en el espejo exacto donde se refleja la entera comunidad. Quien ha recorrido la larga senda de nuestras circunstancias nacionales ha conocido la penuria en casi todos los órdenes de la existencia; ha contemplado el perfil de una España desgarrada por la contienda, pero habitada por hombres y mujeres que decidieron encajar el dolor con resignación y sin amargura, con la mirada fija en un mañana más sereno. Hoy, cuando la política del aspaviento pretende desandar aquel pacto callado entre iguales, conviene hacer un alto en el camino y preguntarse si la memoria colectiva pertenece a quien la vivió o a quien la instrumentaliza.
Mi padre, durante los tres interminables años que duró nuestra contienda, formó parte de las filas del bando republicano. Jamás le escuché recrearse en la herida, aunque en más de una ocasión, según me dio a entender en sus contadas confidencias, estuvo a punto de rendir el alma a Dios en el campo de batalla de la manera más digna y entera posible. Al término del conflicto, guardaba en el fondo de un cajón unas cuántas monedas de cobre con la impronta de la República y un ejemplar de la Constitución de 1931 en el que figuraban los tres colores de su bandera. Sin embargo, jamás brotó de sus labios una sola palabra tintada de encono, rencor o revanchismo; tampoco la escuché en el aula de la escuela pública a la que asistí en mi infancia, donde maestros —que no enseñantes, ¡qué inmensa grandeza encierra esa palabra!— se desvivían por entregarnos con generosa vocación el tesoro inestimable del conocimiento.
He conocido el pontificado de ocho Papas y el rigor glacial de las cartillas de racionamiento. Recuerdo la dentellada del hambre física buscando algo que echarnos a la boca donde solo había escasez, y cómo aquella abundancia de la nada nos obligaba a los niños de entonces a inventarnos los juegos con cuatro chapas, el trazo de la rayuela, el hito del clavo o el salto de la pídola. Muchos años después, cuando ya había asumido serias responsabilidades familiares, participé activamente en el advenimiento de un esperanzado cambio de régimen, sensato e ilusionante, mediante el cual los españoles comprendimos que, por estricta responsabilidad hacia nuestros hijos y nietos, debíamos ejercer de padres del futuro en lugar de ser eternos cautivos del pasado.
En el transcurso de esta dilatada andadura, creía haber visto casi todo. Mas nunca imaginé presenciar un clima político y social —como el que tan peligrosamente se está produciendo en nuestras calles— capaz de incubar tanto resentimiento como el que antecedió a aquella tragedia civil en la que unos y otros obligaron a hermanos a enfrentarse contra hermanos y en la que todos resultaron perdedores.
Cuando la inmensa mayoría de la sociedad daba por cauterizadas las llagas de nuestro triste ayer, José Luis Rodríguez Zapatero asumió la tarea de remover las cenizas con su legislación sobre la memoria. Aquella irrupción no fue un hecho aislado: llegaron entre las sombras de los muertos del 11M y el asedio violento a las sedes de sus rivales políticos. Y el devenir posterior parece presagiar que, si algún día abandonan las instituciones, dejarán tras de sí una triste estela marcada por la tragedia y la contención del dolor ajeno.
El preparado asalto constitucional al poder acentuó la quiebra. Pedro Sánchez no se limitó a mantener abiertas las heridas; echó sal y vinagre en las mismas al levantar un muro infranqueable donde todo aquél que disiente de su credo queda catalogado de inmediato con el marchamo de reaccionario, enemigo del progreso o enemigo de la democracia. Ese muro ha dividido lo que el sentido común y la responsabilidad mantenían unido: ha separado al padre del hijo, al hombre de la mujer, al patrono del obrero, al alumno del maestro, al ciudadano del custodio de la ley, al médico del enfermo y al administrado de la administración. Se ha inoculado el veneno de la discordia en el cuerpo social únicamente para elevar al altar del poder a los más avezados doctores de la incontinencia ética y la ignorancia.
Desde el primer momento, el presidente Pedro Sánchez mostró una obsesión febril por el modo en que habría de recordarle la Historia. La fría realidad suele reducir semejantes delirios a una insignificante nota a pie de página, donde solo figurará la cifra de los dramas y la negligencia: las vidas segadas durante la gran plaga vírica del Covid, las riadas trágicas en la cuenca levantina y las tierras manchegas, el desamparo bajo la ceniza volcánica de las Islas Canarias, los colapsos energéticos, o las tragedias en el trazado de las vías del tren en Adamuz y Urda. A ello se sumará la carcoma de la corrupción en su entorno familiar e institucional, el desamparo de la propiedad privada frente a la ocupación ilegal, la parálisis del acceso a la vivienda y el horizonte incierto que ha generado para nuestra juventud.
Al asumir el gobierno recibió un país razonablemente asentado en una pacífica convivencia y hoy se corre el gravísimo riesgo de devolverlo sumido en la destemplanza más radical, envenenado por la confrontación más abierta, estéril y despiadada que ha conocido nuestra intrahistoria en más de medio siglo. Las dos legislaturas de este proyecto no se han traducido jamás en un florecimiento de la convivencia, sino en el lodazal de la discordia permanente, la paralización sistemática de las instituciones y el asalto por tierra, mar y aire a la separación de poderes. Importa mucho más la preservación de la estructura de mando y la supervivencia en el sillón que el bienestar y el sosiego de la gente.
Esa soberbia institucional halla su reflejo más descarnado en la absoluta falta de empatía ante la desgracia ajena, revelada en episodios donde el desprecio por el sufrimiento ciudadano se torna insoportable. Queda en la memoria colectiva la frase displicente del presidente ante la tragedia de la DANA, espetando con ligereza que si necesitaban ayuda que la pidieran; o su cínico “Yo estoy bien” cuando salió huyendo raudo ante la justa indignación de un pueblo abandonado a su suerte y sumido en un escenario de ruina, muerte y desolación; o aquella otra salida de tono en la que, acorralado por los hechos, reconoció la imputación de su número dos en el partido disculpándose con un friolero y mezquino «...son las cinco y no he comido». Manifestaciones todas ellas que desnudan la soberbia y la egolatría de un personaje instalado en la torre de marfil de su propio ego, en perfecta sintonía con las insensibles respuestas de su ministro Óscar Puente ante los luctuosos accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda.
Cuando ante catástrofes de tal magnitud la respuesta oficial consiste en presentarse como víctima para esquivar la culpa bajo el pretexto de no perjudicar el proyecto político, la ciudadanía advierte una peligrosa inversión de valores. ¿Cómo calificar moral, social y humanamente a un ministro que, ante el horror de setenta vidas truncadas y setenta familias destrozadas para siempre —en una segunda ocasión en apenas nueve meses que un siniestro de esta naturaleza se cobra un tributo mortal bajo su mandato—, tiene la desfachatez de lamentarse porque «ya sabe el calvario que le espera»? A esa huida de la responsabilidad se suma el soberbio desdén con el que la gestión ministerial despacha el dolor de los afectados, exhibiendo una insensibilidad que hiela el alma.
Sin embargo, el cinismo alcanza su cota más lacerante —convertido casi en un desprecio directo hacia el dolor de las familias— en la figura del propio presidente del Gobierno. Resulta intolerable escucharle proclamar ahora, con afectada distancia y tras las tragedias de Adamuz y Urda, que «lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año», exigiendo de pronto mayor inversión en mantenimiento. Habla como un espectador ajeno, como si la ruina de los trenes no fuera la consecuencia directa de las decisiones de su propio equipo; un gobierno que, antes de asumir responsabilidades o cesar al ministro responsable, prefiere blindarse a sí mismo. Cuando se actúa así, la ideología, la soberbia y el afán por conservar el sillón se colocan, sin disimulo, por encima de la vida humana.
Ese modo de gobernar ya no tiene nada que ver con la democracia que conocemos ni con el respeto a las reglas del juego. Para quienes mandan así, cambiar de manos en el poder no es una opción natural, sino un obstáculo que hay que quitar de en medio, utilizando el tiempo únicamente para desgastar al adversario y acapararlo todo.
Frente a situaciones que habrían apartado del ejercicio público a cualquier dirigente respetuoso con la ética democrática, el actual bloque se atrinchera en la maquinaria partidista, orquestando una red de fidelidades sostenida por quienes, al margen del presupuesto público, difícilmente hallarían acomodo en la vida civil. Aun perdiendo el respaldo popular, su estrategia pasa por minar desde la oposición cualquier alternativa futura con el firme propósito de perpetuar su modelo.
Si finalmente la voluntad de los ciudadanos reunida en la solidez de las urnas determina un viraje en el rumbo nacional, España no se enfrentará a un mero relevo parlamentario, sino a una tarea colosal de restauración moral y material. No bastará con la simple derogación de un conjunto de decretos desafortunados; se requerirá un rediseño de las garantías institucionales para que ningún grupo vuelva a secuestrar la concordia colectiva. El camino será áspero y exigirá la perseverancia de una sociedad madura que rehúse el abismo de la división perpetua.
El poder político juzga mediante decretos y propaganda, pero la sentencia definitiva sobre el comportamiento de una época no la dictan las altas magistraturas judiciales ni los tribunales de garantías. La dictan las mujeres y los hombres de un país cuando acuden en libertad a depositar su papeleta. Esa decisión no nace de discursos artificiosos ni de promesas huecas, sino de la percepción íntima del dolor sufrido, del trabajo perdido y del respeto arrebatado. Al final del trayecto, cada ciudadano se encuentra a solas con su propia conciencia para responderse a la pregunta fundamental: si desea legar a las generaciones venideras un país levantado sobre el muro de la discordia o una patria cimentada sobre la dignidad de su memoria.
César Valdeolmillos Alonso