Cartas al Director
La vía muerta del poder
La parálisis de un Estado que acumula tragedias sin asumir responsabilidades
“Si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno”
James Madison,
El Federalista, n.º 51 (1788).
César Valdeolmillos Alonso | 29.10.2026
El tren de la alta velocidad española avanzó durante casi treinta y cuatro años como la joya de la corona del Estado social y de derecho. A través de distintas siglas, alternancias políticas y vaivenes económicos, los raíles mantuvieron su promesa fundamental: transportar millones de vidas con impecable precisión y absoluta seguridad. Sin embargo, en tan solo nueve meses del año 2026, el trayecto entre Madrid y Sevilla se ha transformado en un doble escenario de dolor y luto. Cuarenta y seis muertos en Adamuz en el mes de enero; sesenta y ocho fallecidos —hasta el momento de juntar estas letras— en Urda al llegar el otoño. Ciento catorce vidas segadas en la misma arteria de hierro. Frente a este desastre sangrante, la cúspide política y los altos mandos del Ministerio de Transportes y de Adif permanecen inamovibles en sus sillones, como si la gestión del bien público no tuviera ninguna relación con las consecuencias de sus actos.
Cuando el dolor desgarra la tierra y la muerte golpea sin avisar, lo único que sostiene a España no son las leyes ni los despachos, sino los brazos abiertos de su gente. Ante cada desgracia, el pueblo se vuelca con una generosidad limpia, visceral y desmedida, compartiendo el pan, secando lágrimas ajenas y jugándose el tipo sin pedir nada a cambio. Esa entrega nace de las entrañas y es pura verdad.
En la otra orilla, agazapada tras los muros de la moqueta, vive la miseria más indigna de un Gobierno que debería producir sonrojo. Mientras la calle se arremanga con el corazón en la mano, los que dicen luchar por los desfavorecidos, calculan cómo seguir pisando moqueta y salvar el sillón, escogen milimétricamente sus palabras para que sirvan de telón con el que ocultar sus culpas y se parapetan en la opacidad de sus despachos. Su imagen es la de una mezquindad espuria que hiela el alma. Porque cuando el metal colisiona y la tierra se tiñe de sangre, el ciudadano de a pie no busca un tratado de ingeniería ni se consuela con un fingido dolor tan falso como el beso con el que Judas entregó a Jesús; busca la certeza elemental de que quien ostenta el mando y responde por la nave que pilota.
La alta velocidad no era solo un logro de la obra civil; encarnaba el pacto tácito entre los españoles y sus instituciones: pagamos impuestos con el esfuerzo de nuestro trabajo, con la entrega de una parte muy importante de nuestras vidas para poder confiar nuestras familias al servicio público en la presunción de que el Estado garantiza que los vagones de nuestros trenes lleguen sanos y salvos a su destino. Por segunda vez en nueve meses ese pacto ha saltado por los aires de la manera más trágica. Adamuz mostró una brecha mortal en la vía que segó cuarenta y seis vidas. Las víctimas, con indignada justicia y con el alma rota, pidieron dimisiones pero la respuesta oficial fue el atrincheramiento en la moqueta y la promesa cínica de unos oscuros informes dilatados en el tiempo. Nueve meses después, antes siquiera de esclarecer la primera herida, una avería en el sistema de protección del tráfico ferroviario desató en Urda el segundo impacto catastrófico, cobrándose sesenta y ocho vidas más —por el momento— elevando así el luto a ciento catorce familias.
Todo el tiempo que han derrochado en mostrar su indiferencia ante el dolor de un pueblo angustiado por la tragedia, lo han ganado con creces para señalar con el dedo el fallo humano de un operador en el centro de control, pretendiendo usar al eslabón más débil de la cadena como escudo protector de una cúpula directiva atornillada a su sillón. Pero una infraestructura que era la joya de la corona del transporte español, el espejo reluciente en el que se miraba el resto del mundo, no se derrumba por el parpadeo de un solo hombre; se quiebra cuando la falta de inversión técnica y humana necesaria para asegurar el transporte ferroviario, unida a la improvisación más vergonzosa, se instala en las dependencias del poder.
Treinta y cuatro años de historia impecable tirados por la borda. Y no, no es pasividad lo que habita en quienes mandan; lejos de cruzarse de brazos, son extremadamente activos. Diría que febriles, incansables en su empeño. Lo que ocurre es que toda esa energía hiperactiva no se gasta en cuidar las vías, en blindar la seguridad de los viajeros ni en prevenir la desgracia, sino en blindar sus propios intereses, en maquillar la realidad y en asegurar el sillón y la permanencia a cualquier precio.
Analizar la actuación de este Gobierno exige encajar las piezas de un rompecabezas que duele mirar. La sonora retórica vacía, las promesas de contundencia impostada tras la tragedia de los hechos y los fingidos lamentos oficiales están a años luz de la realidad; la realidad la constituye la suma ordenada de los acontecimientos. Si contemplamos la secuencia completa —desde el opaco abandono de sus responsabilidades hasta los nombramientos a dedo en los organismos que debían vigilar los propios fallos del Ejecutivo— la imagen final refleja un diagnóstico crudo y sangrante: la inoperatividad estructural de quien confunde administrar el Estado con ser el Estado.
Quien ocupa la poltrona ministerial tiene el descaro de sostener que la coincidencia de dos tragedias mortales en la misma línea no demuestra relación ni causa. Cierto es que el ministro no aprieta la soldadura defectuosa con sus manos ni acciona la palanca de cambio de vía en la madrugada. Sin embargo, la responsabilidad política no busca culpas penales directas; exige dignidad institucional y decencia humana. La historia no perdona la desmemoria: en abril de 1994, Antoni Asunción, por entonces ministro del Interior, dimitió el mismo día en que se fugó un prófugo de la justicia. Aquel hombre no había abierto la celda, pero entendió que cuando el aparato del Estado falla de forma estrepitosamente grave bajo su mandato, el honor y la dignidad personal exige dar un paso al lado y marcharse a casa.
Los pequeños gigantes del deshonor y la desvergüenza nos muestran hoy el reverso exacto de la medalla.
Vivimos instalados en la política del clavo ardiendo, donde las faltas más graves se amortiguan con retórica vacía y las comisiones de investigación se convierten en laberintos diseñados para ganar tiempo. Cuando la autoridad no se ejerce para prevenir el peligro, sino para capear la tormenta mediática y proteger el cargo, la maquinaria estatal se gripa por completo. La inacción gubernamental convierte las instituciones en cascarones hueros donde el poder se desplaza por pura inercia, totalmente ajeno al sufrimiento cotidiano de los ciudadanos que sostienen la estructura con su esfuerzo y sus impuestos.
El ciudadano no juzga por los discursos de los telediarios ni por los vericuetos leguleyos de los gabinetes jurídicos. Juzga con la lógica inapelable del sentido común y con la bofetada de la percepción directa de los hechos. Dicta su sentencia en la conciencia diaria y, tarde o temprano, la hace tronar en las urnas. La percepción generalizada no engaña jamás: cuando un servicio que era motivo de orgullo se deteriora hasta la extenuación y la única respuesta oficial es señalar la parte más débil de la cuerda, la fe en la gestión pública se tambalea y se quiebra para siempre.
Detrás de la cifra helada de ciento catorce fallecidos no hay expedientes técnicos ni papeles mojados; hay sillas vacías en las mesas de más de un centenar de hogares marcados a fuego por una ausencia que nada ni nadie podrá reparar jamás. La verdadera tragedia de este tiempo no reside únicamente en que las máquinas puedan fallar, sino en la aterradora constatación de que la cúspide política ha perdido por completo la capacidad de reaccionar con humanidad, valentía y asunción de culpas.
Sin embargo, en medio del desencanto más profundo, la ciudadanía conserva intacto su pulso y su juicio crítico. El dolor y la indignación que queman en el pecho deben servir de acicate inexcusable para exigir un servicio público riguroso, implacable con la negligencia e impenetrable a la propaganda barata. Un país que ha demostrado ser capaz de construir grandes obras y de volcarse con generosidad infinita ante la desgracia no puede resignarse a ser gobernado por la irresponsabilidad impune. La restauración de la confianza no vendrá de promesas cosméticas ni de lavado de cara, sino de la exigencia rotunda de rendición de cuentas. Cuando la voz de un pueblo entero exige verdad y dignidad, el poder, por muy atrincherado que pretenda vivir en su burbuja, termina por doblar la rodilla ante el veredicto inapelable de la realidad.
Sin embargo, en medio del desencanto más profundo, la ciudadanía conserva intacto su pulso y una nobleza de espíritu que nada ni nadie puede arrebatarle. Frente a la indigencia moral de quienes gobiernan, emerge gigante el alma de un pueblo que jamás le da la espalda a la tragedia; una sociedad que no solo vuelca sus recursos materiales sin pedir recibo, sino que se abraza sin reservas al dolor de sus semejantes, como demostró con la furia de la DANA, con el llanto de Adamuz y hoy, de nuevo, en la tierra toledana. Es la misma España grande y silenciada que se encarna en la entrega heroica y sin límites de nuestros policías, guardias civiles, sanitarios, bomberos y miembros de la UME, hombres y mujeres que se dejan la piel en el barro y en la vía para salvar vidas mientras en los despachos se calculan los daños políticos o los beneficios electorales. Su altura moral y su humanidad inagotable son el brillante espejo en el que este país se reconoce con orgullo, dejando en la más absoluta de las miserias a unos gobernantes incapaces de estar a la altura de la nación que pretenden dirigir. La verdadera esperanza de España no habita en las moquetas del poder, sino en la dignidad invencible de su gente; y es esa misma dignidad la que, antes o después, hará tronar su voz para exigir verdad, justicia y el veredicto inapelable de la realidad.
César Valdeolmillos Alonso