Cartas al Director
Cuando el Congreso dice no, ¿quién manda?
Un presidente que afirma que gobernará incluso sin el concurso del Parlamento, dos decretos rechazados y una nueva votación ante un órgano de emergencia y con diferentes mayorías. ¿Qué nos revela esta sucesión de hechos sobre el ejercicio del poder?
“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder”
Montesquieu. Del espíritu de las leyes
César Valdeolmillos Alonso | 09.10.2026
Hay algo que debería hacernos reflexionar cuando dos socialistas del prestigio y trayectoria de César Antonio Molina y Francisco Vázquez anuncian públicamente que votarán al Partido Popular. Ambos conocieron el poder desde dentro, defendieron durante años unas siglas y participaron en la vida política de una España que había aprendido a convivir en democracia. Ahora consideran que sus principios están mejor representados fuera del partido al que pertenecieron.
Vázquez ya había votado anteriormente al PP. Molina llevaba tiempo distanciado de la dirección socialista. Por tanto, sus declaraciones responden a un malestar anterior a los acontecimientos de esta semana. Pero quizá por eso mismo merecen atención: son el resultado de una deriva que ambos explican en términos de principios y de respeto a las instituciones.
¿Qué ha sucedido para que personas con semejante capital político hayan llegado a esa conclusión?
Antes de responder, convendría examinar unos hechos recientes que, contemplados en su conjunto, plantean una cuestión mucho más importante que las diferencias entre partidos:
¿hasta dónde puede llegar un presidente del Gobierno cuando los representantes de los ciudadanos se niegan a aprobar lo que propone?
Quién entrega el poder y quién lo recibe
Imaginemos una comunidad de propietarios que elige a uno de sus vecinos para administrar el edificio. Los propietarios le confían esa responsabilidad, pero conservan el derecho a rechazar sus propuestas y a sustituirlo conforme a las reglas de la comunidad.
Un día, la junta rechaza una decisión que el presidente considera imprescindible. ¿Podría este despreciar lo acordado y buscar otra manera de imponer su voluntad?
Seguramente cualquier vecino comprendería que semejante comportamiento plantea un problema.
Pues bien, salvando las diferencias, en España se acaban de producir unos hechos que recrean esas mismas circunstancias.
Los ciudadanos —únicos depositarios del poder— eligen a sus representantes en las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados concede su confianza a un presidente para que forme Gobierno. Y ese mismo Congreso puede retirársela mediante una moción de censura.
Por consiguiente, la autoridad del presidente tiene un origen que no conviene olvidar: es el Congreso quien otorga su confianza al presidente para gobernar siempre sometido a su beneplácito y no al revés.
Cada institución tiene sus atribuciones, pero el Gobierno debe responder ante quienes representan el poder de los ciudadanos.
Tan elemental como eso.
Sin embargo, en septiembre de 2024 Pedro Sánchez manifestó que estaba dispuesto a seguir adelante con su programa «con o sin el concurso» del Poder Legislativo.
El Gobierno explicó entonces que aquella expresión significaba que podía continuar ejerciendo sus competencias pese a las dificultades para reunir mayorías parlamentarias.
Aceptemos esa explicación como una posibilidad. Las palabras, por sí solas, permiten interpretaciones distintas.
Pero ha transcurrido el tiempo y ahora tenemos hechos que permiten examinar qué significado práctico adquiere aquella declaración.
El Congreso dice no. ¿Y qué sucede?
El 2 de octubre, el Congreso de los Diputados rechazó dos decretos leyes sobre vivienda presentados por el Gobierno.
El presidente había perdido aquellas votaciones. Sus propuestas quedaban rechazadas.
Tres días después anunció elecciones generales y disolvió las Cortes. Inmediatamente, el Gobierno aprobó otros dos decretos que conservaban el contenido fundamental de los anteriores.
Y aquí aparece un detalle de extraordinaria importancia:
El propio Pedro Sánchez reconoció públicamente que los nuevos decretos mantenían la esencia de los que acababan de ser rechazados.
Por tanto, aunque los textos incorporaban modificaciones meramente estéticas, el Gobierno había decidido mantener el objetivo fundamental de aquellas medidas.
¿Para qué volver a aprobarlas?
Porque, al estar disueltas las Cortes, ya no corresponde al Pleno del Congreso decidir sobre su convalidación. Esa facultad pasa a la Diputación Permanente, un órgano integrado por un número mucho menor de diputados y en el que la distribución de los votos es diferente.
Y resulta que, en esa Diputación Permanente, uno de los decretos puede obtener la mayoría que le faltó ante el Congreso. El otro continúa encontrando dificultades para reunir los apoyos necesarios.
La consecuencia salta a la vista: unas medidas que el Congreso había rechazado podrían recibir ahora la aprobación de un órgano más reducido, sin que haya cambiado su propósito fundamental.
La Constitución permite que la Diputación Permanente convalide decretos leyes cuando las Cortes están disueltas. Esa facultad tiene una finalidad: garantizar que el Estado siga funcionando hasta que se constituya el nuevo Parlamento.
Pero una cosa es disponer de un mecanismo para atender las necesidades del país y otra muy distinta la controversia que suscita utilizarlo para conseguir la aprobación de unas medidas que acaban de perder una votación.
Los defensores del procedimiento invocan las facultades constitucionales de la Diputación Permanente. Sus críticos consideran que utilizarlo en estas circunstancias desvirtúa la decisión del Congreso.
Ahí se encuentra el verdadero problema político.
Pensemos otra vez en nuestra comunidad de vecinos. La junta general rechaza una propuesta. El presidente convoca nuevas elecciones y, mientras estas se celebran, presenta prácticamente la misma propuesta ante una comisión más pequeña, donde espera conseguir los votos que le faltaban.
¿Qué pensarían los propietarios?
¿Que se está respetando la decisión de la junta o que se está buscando la manera de burlar sus prerrogativas?
Una urgencia que llevaba ocho años esperando
Durante los casi ocho años que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno se han practicado cientos de miles de lanzamientos judiciales. Se han sucedido los dramas familiares, las dificultades para pagar un alquiler y las situaciones de personas que necesitaban protección. Mientras tanto, el Banco de España cifra en unas 750.000 viviendas el déficit acumulado solamente entre 2021 y 2025.
El Gobierno prometió unas 276.000 viviendas asequibles. A estas alturas, seguimos sin disponer de un balance completo que permita comprobar cuántas se han construido y entregado efectivamente en cumplimiento de aquella promesa.
De pronto, el desahucio de una mujer de 87 años, Maricarmen Abascal, se convierte en el centro de una extraordinaria movilización política. El Gobierno aprueba dos decretos, el Congreso los rechaza y el presidente convoca elecciones.
Pero hay una circunstancia especialmente reveladora: cuando se aprobaron aquellos decretos, la propietaria y los representantes de Maricarmen ya habían alcanzado un acuerdo para que pudiera regresar a su vivienda.
La tragedia posterior demostró que aquel acuerdo había llegado demasiado tarde para ella.
Y aquí surge una pregunta: si el problema de la vivienda llevaba tantos años agravándose y el caso concreto que había desencadenado la reacción política tenía ya una solución pactada, ¿qué justificaba que precisamente entonces resultara imprescindible recuperar por decreto unas medidas que el Congreso acababa de rechazar?
Los problemas de vivienda continuaban existiendo, desde luego. Y muchos ciudadanos necesitaban respuestas. Pero eso también sucedía meses y años antes.
Entretanto, el Gobierno afrontaba un considerable desgaste político y diversas investigaciones judiciales relacionadas con su partido y su entorno. En esas circunstancias, el adelanto electoral trasladaba inevitablemente la discusión pública hacia otro terreno: la vivienda, la protección social y la responsabilidad de quienes habían rechazado las medidas gubernamentales.
Cabe preguntarse si ese desplazamiento formaba parte del cálculo político del presidente. También cabe considerar que la derrota parlamentaria y las protestas sociales precipitaran una decisión electoral que ya venía valorando.
Lo verdaderamente significativo para nuestro análisis es lo que sucedió después: el Congreso había rechazado unas medidas; el Gobierno conservó su propósito fundamental y buscó una nueva votación ante la Diputación Permanente, donde la composición parlamentaria le resultaba más favorable.
Y así volvemos a la cuestión que ningún debate sobre la vivienda debería ocultar: ¿qué respeto demuestra un Gobierno hacia el control parlamentario cuando intenta obtener por otra vía la aprobación de aquello que el Pleno del Congreso acaba de rechazar?
Cuando el gobernante pretende hablar por todos
Todavía existe otra circunstancia que merece especial atención.
Para defender sus medidas, Sánchez declaró que la mayoría del Parlamento había dado la espalda a la ciudadanía en un asunto tan importante como la vivienda.
La afirmación encierra una contradicción que es necesario explicar.
Los diputados que rechazaron los decretos fueron elegidos por los españoles, exactamente igual que quienes los apoyaron. Representan a ciudadanos que tienen tanto derecho como los demás a que su voz sea escuchada.
Por tanto, cuando el Congreso rechaza una propuesta del Gobierno, estamos ante una decisión de la institución que representa políticamente la soberanía de los ciudadanos.
El presidente puede discrepar de esa decisión. Puede considerarla equivocada, injusta o perjudicial. Puede incluso convocar elecciones para que los españoles elijan un nuevo Parlamento.
Pero surge una pregunta inevitable:
¿Con qué autoridad puede atribuirse una representación más auténtica de la voluntad popular que la expresada por el Congreso, precisamente cuando ese Congreso acaba de votar contra su propuesta?
Porque, si aceptáramos que el gobernante representa mejor al pueblo cada vez que el Parlamento le lleva la contraria, ¿para qué necesitaríamos diputados que pudieran votar libremente?
Bastaría con preguntarle al presidente qué desean realmente los españoles.
Y ya tenemos planteada la cuestión fundamental.
El Gobierno dirige el poder ejecutivo. El Parlamento ejerce el poder legislativo y controla al Gobierno. El pueblo es el titular de la soberanía nacional.
¿Qué ocurriría si un gobernante llegara a considerar que su voluntad debe prevalecer sobre la del Parlamento y que, además, le corresponde interpretar por encima de sus representantes lo que verdaderamente quiere el pueblo?
Tendríamos motivos para preocuparnos por la concentración del poder.
Un recuerdo que los españoles no deberíamos olvidar
España conoce demasiado bien las consecuencias de reunir el poder político en una sola mano.
Durante la dictadura de Francisco Franco, la autoridad del jefe del Estado se extendía sobre el Gobierno y sobre unas Cortes que carecían de la independencia y legitimidad democrática de las actuales. Los españoles no podían elegir libremente un Parlamento capaz de sustituir a quien gobernaba.
Franco concentraba unas facultades que la Constitución de 1978 distribuyó después entre instituciones diferentes, sometidas a controles y responsabilidades.
La diferencia histórica es que hoy España tiene una Constitución democrática, elecciones libres, separación de poderes y mecanismos para controlar y sustituir a sus gobernantes.
Pero precisamente porque conocemos nuestra historia, resulta razonable prestar atención a cualquier comportamiento que pueda debilitar esos controles.
Cuando Franco murió, Juan Carlos I recibió la Corona dentro del sistema político heredado. Su participación, junto con Adolfo Suárez, Torcuato Fernández-Miranda y muchos españoles de ideologías enfrentadas, hizo posible una transformación histórica.
Aquella generación comprendió algo esencial: España necesitaba unas instituciones en las que ningún gobernante pudiera decidir por sí solo lo que correspondía decidir a todos.
El poder debía estar sometido a la ley, el Gobierno debía responder ante el Parlamento y los ciudadanos debían conservar la última palabra.
Por eso resulta tan significativo observar cómo se comportan los gobernantes cuando las instituciones limitan sus deseos.
Cualquier presidente acepta de buen grado las votaciones que gana. La verdadera prueba de respeto al Parlamento aparece cuando pierde.
En ese momento se descubre cuánto valor concede a unas reglas que obligan tanto a sus adversarios como a él mismo.
Y aquí reaparece la pregunta que atraviesa todos los hechos examinados:
Si quien recibió del Congreso la confianza para gobernar pierde una votación y busca después obtener un resultado diferente mediante otro procedimiento parlamentario, ¿qué consideración está demostrando hacia la decisión que acaba de adoptar la Cámara?
La respuesta puede discutirse jurídicamente. Su significado político corresponde valorarlo a los ciudadanos.
Por qué importan las palabras de Molina y Vázquez
Volvamos ahora a César Antonio Molina y Francisco Vázquez.
No estamos hablando de dos adversarios que siempre combatieron al Partido Socialista desde fuera. Ambos formaron parte de su historia. Conocieron sus responsabilidades, sus contradicciones y sus compromisos.
Molina sostiene que Sánchez se ha saltado al Parlamento y anuncia su apoyo a Feijóo. Vázquez afirma que vota por principios y convicciones antes que por siglas.
Tienen derecho a hacerlo y cualquier ciudadano tiene idéntico derecho a discrepar de sus conclusiones.
Pero sus declaraciones dejan planteada una cuestión que merece ser examinada sin prejuicios: ¿qué distancia perciben entre el socialismo que representaron y la manera de ejercer el poder que atribuyen al actual Gobierno?
Tal vez la respuesta se encuentre menos en los discursos que en las decisiones acumuladas a lo largo del tiempo.
Porque la confianza política suele deteriorarse de manera progresiva. Una decisión provoca dudas. Otra añade desconfianza. Una tercera permite reconocer un comportamiento que antes parecía circunstancial.
Y llega un momento en que las piezas comienzan a mostrar una imagen que el ciudadano reconoce por su propia experiencia.
El episodio de los decretos de vivienda ofrece una oportunidad para examinar esa imagen.
Primero, un presidente anuncia que continuará gobernando incluso sin el concurso del Poder Legislativo.
Después, el Congreso rechaza unas medidas que el Gobierno dice que considera fundamentales.
Finalmente, una vez disueltas las Cortes, el Ejecutivo recupera su contenido esencial y busca la convalidación ante un órgano parlamentario donde espera encontrar una mayoría diferente.
Cada hecho tiene una explicación. La cuestión consiste en comprender qué significado adquieren cuando se contemplan juntos.
La última palabra
En unas semanas, los españoles tendrán nuevamente la oportunidad de elegir a sus representantes.
Cada uno acudirá a las urnas con sus preocupaciones, sus esperanzas y su propia interpretación de cuanto ha sucedido. Unos considerarán que el Gobierno ha utilizado correctamente los instrumentos constitucionales para defender unas medidas presentadas con urgencia. Otros entenderán que ha buscado eludir el rechazo expresado por el Congreso.
El juicio pertenece a cada ciudadano.
Y quizá convendría que, antes de emitirlo, todos nos planteáramos una pregunta que debería servir para cualquier Gobierno, cualquiera que fuese su color político:
¿Estaríamos dispuestos a aceptar estas mismas actuaciones si las protagonizara un presidente al que jamás hubiéramos votado?
La respuesta nos dirá mucho sobre el valor que concedemos a nuestras instituciones.
Porque en la España de 1978 se estableció una garantía que constituye una de las mayores conquistas de nuestra historia: el poder se reparte, se controla y se somete periódicamente al juicio de los ciudadanos.
Durante cuarenta años los españoles habían conocido un sistema en el que el mando político se concentraba en la persona del dictador. La Transición abrió un camino diferente.
¿Estamos vigilando suficientemente que las facultades entregadas a nuestros gobernantes continúen sometidas a los límites que tanto costó establecer?
La historia nos ha enseñado cuánto vale esa garantía.
Y también cuánto puede costar perderla.
César Valdeolmillos Alonso